Por Javier Zapata.
Tercera parte.
El problema no termina en la denuncia.
“Ahí apenas comienza la farsa”.
En Nayarit, se ha tejido una red silenciosa entre ciertas abogadas particulares, defensoras públicas, asesoras legales y ministerios públicos.
Todas bajo un mismo patrón:
convertir denuncias falsas en negocios, venganzas o instrumentos de poder.
No defienden la verdad.
Defienden intereses.
Mientras una supuesta víctima miente con el respaldo de su abogada, el Ministerio Público simula investigar y la defensora pública finge no notar las contradicciones.
Es un guion repetido:
Se fabrican pruebas, se manipulan testimonios, se presiona a los jueces o se justifican con ser sensibles y humanos y cuando la mentira se sostiene por la fuerza del cargo,
la justicia deja de existir.
El contubernio no es rumor.
Es práctica diaria en fiscalías saturadas, donde la consigna parece ser “proteger a quien acusa, no a quien demuestra su inocencia”.
El daño no se borra.
Quien es acusado falsamente carga una marca que ni una absolución limpia por completo.
Y las servidoras que callan o participan, deberían enfrentar sanciones por encubrimiento, abuso de autoridad y simulación procesal.
Pero en Nayarit, el silencio tiene nombre, cargo y salario.
Y mientras tanto, las verdaderas víctimas las que sí existen,
pierden espacio, credibilidad y justicia por culpa de quienes usan el dolor como estrategia.
“La verdad no necesita pactos.
Necesita valor”.
Y el valor, en este sistema,
parece haber sido reemplazado por convenios, intereses y miedo.
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